Para 1881, al producirse la ocupación de la capital, el Perú ya había perdido el control de los puertos y de las aduanas, al haberse consumado la derrota naval. Las haciendas costeñas habían sido destruidas por acción de la expedición Lynch y el crédito externo estaba suspendido desde que se dejo de pagar a los acreedores europeos. A esto se añade la misma necesidad de hacer frente a los gastos de la guerra que comprometieron seriamente la economía privada, la cual se vería afectada, además, por las imposiciones chilenas para cubrir los gastos de la ocupación.
De otro lado, las posibilidades de iniciativa económica del gobierno o de los particulares nacionales, serian definitivamente frenadas por la administración de los ocupantes, quienes consideraron peligroso que el país pudiese mantener ingresos estables, los cuales, indudablemente, serian invertidos en la guerra, y también porque una estabilidad económica impediría la imposición de una paz a cualquier precio. Chile buscó, durante la ocupación, mantener la deprivación económica de la sociedad para que, aunque el gobierno del país no quisiera ceder a sus presiones militares, fuese el mismo pueblo el que manifestase sus exigencias para la firma a la paz. Sin embargo, todos los esfuerzos realizados en ese sentido se estrellaron ante la voluntad peruana de mantener la resistencia.
Chile, en esto, intentaba también seguir el modelo de la guerra Franco-prusiana de 1870, en el cual la destrucción de los medios de producción tuvo como objetivo incapacitar a Francia para una pronta recuperación económica, con lo cual pensaron obligarla a incumplir con el pago de la indemnización de guerra. Esta situación consideró el gobierno de Santiago que ameritaría la entrega territorial, pues el Perú no podría comprometerse seriamente a una indemnización económica con el vencedor.
Chorrillos (Enero, 1881) luego de ser saqueado por las tropas chilenas.
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